En este artículo vamos a explicarte cuánto cuesta defenderte en un proceso de derecho urbanístico sancionador. Este área del Derecho regula las consecuencias del incumplimiento de la normativa urbanística, que puede suponer desde la imposición de sanciones hasta la incautación de los beneficios obtenidos, pasando por la restitución de la edificación al estado anterior.

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Qué es el derecho sancionador urbanístico y cómo funciona

El Derecho Urbanístico es la rama del Derecho Administrativo que regula la ordenación urbana o la utilización del suelo. Para desarrollar esta tarea abarca los siguientes campos, principalmente:

  • Planeamiento urbanístico.
  • Ejecución del planeamiento.
  • Ordenación del Territorio.
  • Regulación del régimen del suelo.
  • Expropiación forzosa.
  • Disciplina urbanística.

Este último campo (la disciplina urbanística) es el que se encarga de determinar qué conductas se consideran infracciones desde una perspectiva urbanística. Además, para dar efectividad a sus prohibiciones, incluye un sistema sancionador.

Si la sanción asociada, el Derecho Urbanístico no sería más que una declaración de intenciones. Así que la posibilidad de ser sancionado opera con incentivo al cumplimiento de instrumentos como el planeamiento o la regulación del suelo.

Este régimen disciplinario, que se enmarca en el Derecho Sancionador, es de tipo administrativo. Lo que supone que es la propia Administración la encargada de controlar el cumplimiento de la normativa y, en caso de violación, abrir, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador.

Y como ocurre con cualquier otro expediente administrativo sancionador, al iniciarse el procedimiento se despiertan ciertos derechos de defensa y garantía a favor del interesado. En este caso hablamos de la posibilidad de presentar alegaciones y recursos administrativos. Solo cuando se agote toda posibilidad de defensa en la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la vía judicial por medio del recurso contencioso-administrativo.

El régimen sancionador en vivienda y urbanismo

Una infracción no es más que el quebrantamiento de una norma jurídica. Con el objetivo de impedir la impunidad del infractor, el Derecho sancionador establece penas aplicables en los casos de incumplimientos.

Pero la mera realización de una infracción no supone la imposición de una sanción. Para que la aplicación de una sanción sea justa y legal, debe venir precedida por un procedimiento de instrucción, donde se analizarán, entre otras cuestiones:

  1. Si, efectivamente, se ha producido la infracción. Lo que está vinculado al principio de legalidad, ya que no puede considerarse como infracción una conducta no prohibida explícitamente en la Ley.
  2. Si la infracción es imputable al denunciado y en qué grado lo es. Es decir, deberá demostrarse la participación del infractor antes de poder atribuírsele la correspondiente responsabilidad administrativa.
  3. La gravedad de la infracción y todas las circunstancias concurrentes en el caso. Generalmente, las infracciones contemplan sanciones que se establecen dentro de una horquilla. Gracias a esta técnica, la misma norma permite castigar diferentes tipos de infracción. A cambio, el órgano sancionador debe realizar un análisis de gravedad y proporcionalidad.

En definitiva, el primer elemento relevante en el derecho sancionador urbanístico es la determinación de la infracción.

Infracciones en materia de vivienda y urbanismo

Las infracciones en materia de vivienda y urbanismo se regulan en:

Nuestro sistema sancionador clasifica las infracciones en tres grupos: leves, graves y muy graves. De la gravedad asignada dependerán, principalmente:

  • La cuantía de la sanción.
  • Y los plazos de prescripción, tanto de la infracción como de la propia sanción.

Son sancionables conforme a la regulación urbanística:

  • Parcelaciones en suelo no urbanizable.
  • Actos de edificación o uso del suelo y subsuelo que incumplan el Ordenamiento Urbanístico.
  • Ejecución y demolición sin el instrumento de planeamiento o la autorización requeridos.
  • Obstaculización de la actividad inspectora.
  • Transcurso de los plazos concedidos para las actividades de ejecución o demolición.
  • Incumplimiento de órdenes de paralización y ejecución.

En cualquier caso, dado que las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de vivienda y urbanismo, cada una de ellas podrá señalar las conductas que considera como infracciones, así como su sistema de sanciones aplicables.

Las sanciones en materia de vivienda y urbanismo

Como hemos señalado, cuando se cometa una infracción se deberá instruir un procedimiento sancionador, cuyo objetivo es precisamente determinar si corresponde aplicar una sanción y, en caso afirmativo, en qué grado.

Lo más común es que la sanción a imponer consista en el pago de una multa. En este caso nos encontramos ante una sanción pecuniaria (es decir, que consiste en el pago de una suma de dinero), que devengará recargos e intereses cuando no se abone puntualmente. Si el multado no pagara la sanción, la Administración podrá emitir un apremio contra su patrimonio para ejecutarlo.

Otra de las sanciones comunes es la inhabilitación, que puede incluir:

  • Prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
  • Imposibilidad de beneficiarse de subvenciones o incentivos durante un plazo determinado.
  • Prohibición del ejercicio de determinadas iniciativas.

Además de las sanciones, es probable que del procedimiento instruido se deriven otras consecuencias, destacando el decomiso de los beneficios obtenidos o la restauración del estado urbanístico anterior a la intervención.

Estas medidas no tienen carácter sancionador, y pueden garantizarse mediante instrumentos de ejecución forzosa. Entre ellos queremos mencionar las multas coercitivas, que se caracterizan por ser recurrentes. Es decir, su pago no libra de la obligación del cumplimiento del mandato administrativo, y pueden repetirse a lo largo del tiempo.

Cómo reclamar por sanciones de vivienda y urbanismo

En definitiva, las infracciones urbanísticas pueden tener consecuencias muy negativas para el infractor. Especialmente si tenemos en cuenta que la restauración del estado urbanístico puede requerir la demolición de edificaciones.

Sin embargo, el procedimiento sancionador es bastante garantista. Esto permite que un abogado especialista en Derecho Administrativo disponga de numerosos recursos para defenderte antes incluso de acudir a los tribunales.

¿Cuánto cuesta reclamar una sanción urbanística o de vivienda?

Ahora sabes cómo funciona el derecho urbanístico sancionador y cuáles son las vías de impugnación de sanciones. Pero probablemente todavía te preguntes cuánto cuesta reclamar una sanción urbanística o de vivienda.

Pues bien, aunque es difícil ofrecer una respuesta concreta (ya que el precio final dependerá del caso particular), aquí te ofrecemos dos líneas orientativas:

  1. Cuando se trate de un procedimiento sencillo, en vía administrativa, los precios de mercado oscilarán entre 300 y 600 euros aproximadamente.
  2. Y cuando se trate de un procedimiento en sede judicial o que te pueda proporcionar un importante ahorro o el cobro de una indemnización, probablemente tengas que pagar una comisión de entre el 10 y el 20 % de la cuantía del asunto.

Pero si realmente quieres saber cuánto cuesta reclamar una sanción urbanística o de vivienda en tu caso, lo mejor es que rellenes nuestro formulario. El equipo de LexGo App te asignará a dos abogados especializados en urbanismo, que te pasarán gratuitamente y sin compromiso sus presupuestos. De este modo podrás elegir al abogado que más te convenza, sabiendo de antemano cuánto cuesta reclamar tu sanción en materia de urbanismo y vivienda.

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