La compra de unidades productivas permite adquirir conjuntos organizados de elementos productivos de una empresa en crisis. Gracias a este sistema se evita la venta aislada de activos de la empresa concursada, con lo que se logra:
- Mantener el valor de la empresa. Tengamos en cuenta que los valores aislados siempre tendrán un valor inferior al de los conjuntos de elementos productivos en funcionamiento.
- Atraer la atención de los inversores. Como inversor, la compra de unidades productivas puede representar una buena oportunidad. El hecho de que la empresa esté en situación crítica no quiere decir que su insolvencia tenga un origen interno ni que sus diferentes ramas no sean viables ni puedan aportar rentabilidad una vez aisladas.
- Mantener la actividad de la empresa. Al transmitirse la unidad productiva al completo, los efectos del concurso pueden aislarse. Se evita así que afecten a los trabajadores, distribuidores y otros componentes de la cadena de producción.
En definitiva, la compra de unidades productivas cumple todos los objetivos del concurso de acreedores. Razón por la cual ha recibido el beneplácito del legislador.
En este artículo vamos a analizar cómo se realiza esta transmisión y cuáles son sus ventajas e inconvenientes.
Qué son las unidades productivas
Las unidades productivas son, en palabras de Auto n.º 122/2017 de la Audiencia Provincial de León:
“La actividad empresarial que concentra un conjunto de recursos materiales: inmuebles, maquinaria, utillaje; humanos: trabajadores, gestores; y jurídicos: subvenciones, concesiones, autorizaciones administrativas y contratos. El perímetro de la unidad productiva abarcaría todos estos elementos que, convenientemente organizados, llevan a cabo una actividad empresarial y productiva susceptible de transmisión”.
Por tanto, nuestros Tribunales definen la unidad productiva como un conjunto organizado de recursos que sustentan la actividad productiva o empresarial y pueden disgregarse de la empresa.
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Cómo funciona la transmisión de unidades productivas
En la medida en que estos conjuntos organizados de recursos resultan individualizables, también pueden transmitirse. Esta transmisión suele enmarcarse en el seno de un procedimiento concursal.
Fuera del concurso de acreedores, para transmitir la unidad productiva bastaría con tener en cuenta el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que nos recuerda que el cambio de titularidad de la unidad productiva no extingue per se las relaciones laborales.
Por tanto, bastaría con realizar una correcta tasación de la unidad productiva y cerrar la compraventa. Posteriormente, el empresario adquirente se subrogaría en la posición del vendedor.
Esto supone que tendría que hacerse cargo de los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior. Sin embargo, el empresario vendedor conservará la responsabilidad solidaria sobre estas obligaciones cuando:
- Se produjeran durante los tres años anteriores a la transmisión.
- O durante el año siguiente si la transmisión se declarara delictiva.
Debido a este mantenimiento de los derechos laborales por parte de la plantilla, los empresarios involucrados en la operación deben mantener informados a los representantes legales de los trabajadores afectados. También deberá concederse un período de consultas si la transmisión va a suponer la adopción de medidas laborales.
Hasta aquí el funcionamiento ordinario de la compra de unidades productivas. Pero, ¿qué ocurre cuando la transmisión de la unidad tiene lugar durante el concurso?
La compra de unidades productivas durante el concurso de acreedores
Como ya hemos señalado, el concurso de acreedores suele ser la sede donde se dan las transmisiones de unidades productivas. Esto se debe a la idoneidad de esta operación para satisfacer los objetivos del concurso:
- Recapitalizar la entidad concursada y evitar su pérdida de valor.
- Salvaguardar los derechos de crédito de los inversores.
- Y procurar la continuidad de la actividad de la empresa en crisis.
El artículo 149 de la Ley Concursal indica que la compra de unidades productivas durante el concurso de acreedores debe realizarse mediante subasta, aunque se puede acordar su enajenación directa. Durante este proceso se prestará especial atención a las ofertas que puedan garantizar:
- La continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo.
- Y la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.
En cualquier caso, la enajenación de estas unidades debe detallarse en el plan de liquidación.
Pero los elementos más relevantes en la compra de unidades productivas durante el concurso son, sin lugar a dudas, los efectos de la subrogación empresarial.
Cómo funciona la subrogación empresarial a nivel laboral
La compra de unidades productivas se considera subrogación empresarial a efectos laborales y de Seguridad Social. Sin embargo, en el proceso concursal se habilita:
- Al juez para acordar que el adquirente no se subrogue en las cuantías (indemnizaciones y salarios) que correspondan al FOGASA.
- A los representantes de los trabajadores y el adquirente para iniciar negociaciones que garanticen la viabilidad del proyecto y el mantenimiento del empleo cuando supongan la modificación colectiva de las condiciones laborales.
Consecuencias: ventajas e inconvenientes de la compra de unidades productivas
En definitiva, la compra de unidades productivas se presenta como un instrumento idóneo para la tramitación del concurso. Ofrece una oportunidad de inversión que permite reunir fondos para hacer frente a las deudas del concursado, a la vez que mantiene la actividad de la empresa.
Sin embargo, antes de hacer un oferta hay que informarse de las deudas laborales y de Seguridad Social que tenga el empresario original. Dado que la subrogación se produce automáticamente y por virtud de la Ley, el adquirente deberá asumir estos costes una vez adquirida la unidad productiva.
Esto ha conllevado ciertas cautelas por parte de los inversores. Al tener que contar con estos gastos, lo más habitual es que los detraigan del precio ofrecido por la unidad. Como consecuencia, se ha devaluado el precio de estas transmisiones.
Tal vez los más beneficiados por estas operaciones sean los trabajadores y la Seguridad Social, que saben que un inversor solvente asumirá sus créditos. Cuestión que indirectamente puede beneficiar al resto de los acreedores, que verán cómo estos créditos salen del concurso, si bien a costa de la venta de la unidad productiva.
En cualquier caso, la asistencia de un abogado especialista en Derecho Concursal puede ser clave a la hora de sopesar los pros y contras de la operación y alcanzar un precio adecuado. Con su ayuda, la compra de unidades productivas se configura como una buena oportunidad de inversión.
