La actualización de la normativa concursal no ha afectado al articulado de la segunda oportunidad como muchos esperaban. Esto ha provocado que gran parte de los profesionales jurídicos se pregunten si se puede cancelar deudas públicas tras la modificación de la Ley Concursal.

La Ley 22/2003 adolecía de ciertos defectos, y los equipos que han estado trabajando en la refundición de la Ley Concursal tenían las esperanzas puestas en un objetivo: clarificar la introducción de la Ley de Segunda Oportunidad en el código concursal.

Recordemos que la Ley de Segunda Oportunidad es una norma muy útil, que permite a los particulares liberarse de sus deudas impagable. Pero, pese a su utilidad y cada vez más extendido uso, esta norma no presentó la mayor corrección técnica.

Quedaron muchos vacíos legales, como la posibilidad de cancelar deudas públicas o de librar a los avalistas de su responsabilidad. Todos estos detalles los ha ido puliendo la jurisprudencia, y habría sido adecuado que la nueva redacción de la Ley Concursal los hubiera introducido.

Pero no lo ha hecho. ¿Cómo queda entonces la cuestión? ¿Se pueden cancelar deudas públicas con la nueva redacción de la Ley Concursal?

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El debate de la cancelación de deudas públicas en la segunda oportunidad

Como hemos anticipado, la posibilidad de cancelar deudas públicas con la Ley de Segunda Oportunidad siempre ha sido conflictiva. En realidad, la cuestión depende de las circunstancias de cada caso, así que vamos a analizarla en detalle.

La cancelación de deudas

Mediante la Ley de Segunda Oportunidad, el particular insolvente puede negociar con sus acreedores para reestructurar sus deudas. Si la negociación no tiene éxito, tendrá que pasar al concurso de acreedores.

Pero la norma introdujo una forma especial de finalizar el concurso. Una vez se ha liquidado el patrimonio del deudor, todas las deudas que no se hayan pagado pueden cancelarse. Para ello se utiliza el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

La ventaja del BEPI es que se concede siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos. Por tanto, no depende de las buenas intenciones de los acreedores.

Requisitos del BEPI

Los requisitos legalmente establecidos para conceder el bepi se regulan en el artículo 178 bis de la Ley Concursal. A partir de septiembre estará en vigor la nueva redacción, artículos 487 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2020.

Son requisitos subjetivos de exoneración:

  1. Ser persona natural.
  2. En situación de insolvencia.
  3. Y de buena fe. Lo que implica:
    1. Que no se haya declarado la culpabilidad del concurso. En este caso todavía se puede conceder el BEPI atendiendo a las circunstancias del caso.
    2. Que no existan antecedentes penales por determinados delitos socioeconómicos.

Por su parte, son requisitos objetivos:

  1. Haber pagado todos los créditos:
    1. Contra la masa.
    2. Concursales privilegiados.
  2. Haber intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos o, en su defecto, pagado al menos el 25 % de los créditos concursales ordinarios.

En estos casos se podrá solicitar la exoneración, que conllevará la cancelación de las deudas públicas. Por tanto, no encontramos ninguna novedad respecto al régimen anterior.

¿Qué pasa si no puedo cumplir los requisitos del BEPI?

Por supuesto, un particular insolvente podría carecer de la liquidez que requiere acogerse al BEPI. Para estos casos, el art. 493 del nuevo texto de la Ley Concursal estipula que se podrá conceder el BEPI sometido al cumplimiento de un plan de pagos, siempre que:

  1. No se haya rechazado una oferta de empleo adecuada en los últimos 4 años.
  2. Ni se hayan incumplido los deberes de colaboración concursal.
  3. Y tampoco se haya obtenido otro BEPI en los últimos 10 años.

El problema es que la anterior redacción parecía excluir los créditos públicos del ámbito de aplicación de esta forma de BEPI, que conocemos como “provisional”.

La llamamos así porque su efectividad se condiciona al cumplimiento del plan de pagos. En este, el Juez puede introducir quitas y esperas para reestructurar la deuda, y su extensión máxima es de 5 años.

El BEPI provisional

En definitiva, el BEPI provisional permite solicitar la cancelación de deudas incluso en aquellas situaciones en que el deudor carece de liquidez. Pese a que la anterior redacción parecía excluir la posibilidad de incluir los créditos públicos, la jurisprudencia determinó cómo debía interpretarse la norma.

Desde una perspectiva teleológica, la norma perseguía librar al particular de sus deudas para darle un “fresh start”. Por tanto, no tenía sentido que no le permitiera librarse de las deudas públicas en alguna de las modalidades del BEPI.

Desde una perspectiva sistemática, tampoco tenía sentido otorgar al acreedor público ese privilegio. Además, excluir la cancelación de deuda pública del BEPI producía una contradicción, ya que:

  • El deudor con la suficiente solvencia como para acogerse al BEPI definitivo podría cancelar sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
  • Pero el que no tuviera esta solvencia no. Por tanto, estando más necesitado, quedaría en situación de desamparo.

En definitiva, el Tribunal Supremo determinó que las deudas públicas también podían cancelarse mediante el BEPI provisional. Es decir, cualquier forma del BEPI permitía cancelar deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

El estado actual del asunto

Corregida la interpretación de la ley de segunda oportunidad por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, decenas de miles de particulares pudieron deshacerse de sus descubiertos con el tesoro público.

Gran parte de la doctrina y de los profesionales especializados solicitaron al Legislador que tuviera en cuenta esta interpretación, incluyéndola en la Ley para mayor garantía del ciudadano.

Pero con el Real Decreto Legislativo 1/2020 recién publicado, vemos que el Gobierno ha hecho caso omiso de sus solicitudes. Nada dice el artículo 497 del nuevo texto sobre la cancelación de créditos públicos.

¿Significa esto que ya no se pueden cancelar las deudas públicas?

A nuestro entender, no. Nada ha cambiado y, por tanto, la jurisprudencia del Supremo sigue siendo válida. Si el Gobierno hubiera querido evitar la cancelación de deudas públicas habría podido explicitarlo en la norma. Pero no lo ha hecho.

De modo que el Gobierno ha perdido la ocasión de hacer la Ley de Segunda Oportunidad más clara y segura para el particular. Pero en ningún caso ha cambiado el estado del asunto. Así que, en principio, también se pueden cancelar las deudas públicas con la nueva Ley Concursal.

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