Los abogados especializados en concurso de acreedores por COVID-19 son perfectamente conscientes de que van a ver disparado su volumen de trabajo. La crisis sanitaria va a conllevar una crisis económica.

Es muy posible que la delicada situación conlleve el retraso de los pagos cuando no el incumplimiento de obligaciones crediticias. Lo cual hace suponer que muchas personas naturales y jurídicas se verán abocadas al concurso de acreedores.

Esta situación se da en un marco en que se han adoptado medidas concursales específicas por COVID-19 y la Ley Concursal ha sido reformada. De modo que todas aquellas personas que se vean abocadas a la insolvencia tras esta crisis económica deberían buscar la asistencia de los mejores especialistas en Derecho Concursal.

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La insolvencia de las personas naturales

Hasta 2015, cuando una persona natural caía en situación de insolvencia debía acogerse al concurso de acreedores. Pero el proceso concursal estaba orientado a empresas, lo cual generaba ciertas dificultades.

Todavía más grave era la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial universal. Según esté principio, el deudor debe responder de sus obligaciones con todo su patrimonio actual y futuro. Por tanto, resultaba indiferente que las personas atravesaran una situación de insolvencia, ya que tendrían que pagar sus deudas en el momento en que se recuperarán.

Señalamos el año 2015 como la fecha crítica es porque se trata del año en que se aprobó la Ley de Segunda Oportunidad. La ley de Segunda Oportunidad adaptó el proceso concursal a las personas naturales.

Desde la entrada en vigor de esta norma, acogerse a un concurso de acreedores fue mucho más sencillo para los particulares y autónomos. Actualmente se trata de una ley en auge, cada vez más utilizada.

La ley de segunda oportunidad permite a las personas naturales con deudas inferiores a cinco millones de euros y que hayan caído en la insolvencia de buena fe (es decir, que no hayan causado o agravado su propia insolvencia) librarse de sus acreedores.

Para ello establece un proceso estructurado en dos etapas. La primera es una etapa extrajudicial, de negociación, en la cual se podrán estructurar los créditos para hacer más fácil su pago íntegro o parcial.

Y la segunda es una etapa judicial, legalmente regulada, en la cual se podrá solicitar el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho para cancelar total o parcialmente todas las deudas impagadas De este modo se flexibiliza el principio de responsabilidad patrimonial universal, sin importar si los acreedores están de acuerdo o no con las nuevas condiciones de pago.

La insolvencia de las personas jurídicas

La ley de Segunda Oportunidad no afecta a las personas jurídicas, que ya disponían de su propia normativa concursal. Pese a todos los cambios normativos y turbulencias en la materia que estamos atravesando estos días, existen muchas herramientas para afrontar la insolvencia de una empresa

Aunque el gran público solo conoce el concurso de acreedores. Hay instrumentos más ágiles y beneficiosos como el preconcurso o como el concurso de acreedores express. Los abogados especializados en concursos de acreedores pueden ofrecer la asesoría adecuada a la empresa para que conozca todas las herramientas a su disposición y cuál de ellas es la más adecuada para su situación.

En cualquier caso, estás herramientas pueden permitir que la empresa reflote de su situación de insolvencia o que liquide su patrimonio para pagar en la medida de lo posible a sus acreedores antes de cerrar.

La tarea de los abogados para concurso de acreedores por COVID-19

Evidentemente, la crisis económica conllevará que muchas más personas naturales y jurídicas se acojan a los procedimientos de segunda oportunidad o concursales. Así que los abogados especialistas en concursos de acreedores, tras la crisis del COVID-19, se convertirán en profesionales claves del sector jurídico.

Hay quien los ha definido como los “sanitarios de las empresas”, pues sus esfuerzos conseguirán rescatar muchas sociedades y garantizar los derechos de cobro de los acreedores en los casos en que esto sea imposible.

Pero, ¿qué debemos buscar en nuestro letrado para saber que es un buen abogado para un concurso de acreedores por COVID-19?

Las habilidades del abogado concursal

Los abogados concursales no solo deben ser expertos conocedores del Derecho Civil, Mercantil, Societario y Concursal. También deben tener buenas habilidades de negociación. Tanto la Ley de Segunda Oportunidad como la Ley Concursal premian las soluciones negociadas a las situaciones de insolvencia.

De modo que si tu abogado está habituado a moverse mesas de negociación es probable que consiga mejores condiciones para los acuerdos de refinanciación o los acuerdos extrajudiciales de pagos. Estos acuerdos pueden evitarte no solo el proceso concursal sino también la eventual responsabilidad derivada de estos procedimientos.

Así que las características claves del abogado para concursos de acreedores por COVID-19 son conocimientos, experiencia y capacidad de negociación.

¿Cuánto cobra un abogado concursal?

Lo más frecuente es que los abogados concursales establezcan sus honorarios basándose en el volumen de la insolvencia. Cuántas más deudas consigan cancelar, más cobran ellos.

De este modo se establece una relación directa entre el éxito del asunto y el cobro del profesional. Aunque hay abogados que tienen tarifas cerradas, los sistemas de cuota litis o a comisión suponen un incentivo para el jurista encargado del asunto.

Al margen de esta situación, los abogados concursales suelen cobrar de forma fraccionada. Conocen perfectamente la delicada situación económica de sus clientes, así que tratan de facilitar su pago.

Por ejemplo, existen estar startups jurídicas que permiten cancelar deudas de particulares desde tan solo 99 € al mes. Este es un precio reducido dentro del mercado, ya que otros despachos pueden cobrar en torno a los 200 o 300 € mensuales.

En el caso de las empresas, las tarifas jurídicas suelen incrementarse, como también lo hacen las deudas a cancelar. Actualmente es posible tramitar un concurso de acreedores por unos 2000 o 3000 €. Sus variantes específicas, como el preconcurso o el concurso Expresa pueden contratarse desde unos 1000 o 1500 €. 

Como verás, manejamos horquillas de precios. Esto se debe a que cada abogado es libre para determinar sus propios honorarios. Por tanto, la mejor opción a la hora de comprobar si el profesional jurídico nos está ofreciendo precios justos es solicitar un par de presupuestos y comparar.

A través de nuestro formulario tienes la posibilidad de pedir de forma gratuita y sin compromiso el presupuesto de dos abogados especializados en materia concursal. Lamentablemente, el perfil de abogados para concurso de acreedores por COVID-19 va a ser cada vez más reclamado. Así que podemos ayudarte a encontrar a un profesional con experiencia en tu zona que cobre una tarifa razonable.

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